Expertos analizaron el rol que tiene la participación temprana y el primer gran tratado ambiental de Latinoamérica en la inversión en Chile.
Los alcances de la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile, su aplicación progresiva en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la visión del sector privado respecto al diálogo territorial temprano e incidente en proyectos de inversión, fueron los ejes del seminario virtual “Participación temprana en proyectos de inversión – Acuerdo de Escazú”, organizado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, (ASCC), Acción Empresas y Espacio Público.
En el encuentro se abordó además la valiosa experiencia de los Acuerdos de participación temprana que ha impulsado la ASCC a lo largo del país y sus potencialidades en el contexto de Escazú.
La jornada inició con la exposición de Andrea Sanhueza, experta en participación ciudadana y miembro de la secretaría de Escazú en la Cepal, quien explicó los principios fundantes y la estructura del Acuerdo, relevando los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana y el acceso a la justicia que se consagran en dicho convenio. “Chile está bastante bien con respecto al acceso a la información y, sin duda, hay aspectos a mejorar en cómo se entrega la información”, dijo Sanhueza y añadió que “América Latina y el Caribe va a tener que avanzar bastante en cumplir con estas disposiciones del convenio, van a tener que realizar más gestiones o cambios en su forma de organizar la participación y garantizar que esta sea abierta e inclusiva”.
En tanto, Luis Cordero, director de Espacio Público, aseguró que “el principal dilema que enfrentan las comunidades, los proyectos de inversión y el Estado, es que estamos desperdiciando muchísima información de los procesos de participación” y añadió que “el elemento clave es que los procesos participativos deben reconocer y absorber un conjunto de demandas que no están vinculados con el objeto de la consulta. De lo contrario, vamos a seguir alimentando la frustración permanente y la crítica central que muestran todos los estudios, que los procesos de participación son simplemente formales e inútiles”.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Ximena Ruz, se refirió sobre los Acuerdos Voluntarios de Participación Temprana, un programa piloto que ha promovido el desarrollo de siete iniciativas de diálogo territorial en el país.
“Este instrumento es un medio para mejorar el estándar socioambiental de los proyectos de inversión, que hoy estamos relanzando específicamente con la industria del hidrógeno verde. En este tipo de Acuerdos, la Agencia tiene un rol garante del Estado que promueve la construcción de un convenio entre las empresas, las comunidades y los distintos actores de interés en una fase temprana”, explicó Ruz.
Desde el mundo empresarial, Kathrin Müller, gerenta de desarrollo de Acción Empresas, sostuvo que “la sostenibilidad empresarial está en el corazón de nuestro quehacer y estamos trabajando en ese tema en conjunto con una red de 120 empresas socias por más de 22 años, que tienen en general estándares de sostenibilidad más exigentes que el promedio” y, por tanto, aseguró que “el Acuerdo de Escazú es una tremenda oportunidad, porque promueve el derecho de vivir en un medio ambiente sano y con un punto de vista hacia el desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras”.
Finalmente, Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, explicó que uno de los principales ejes de la gestión es iniciar la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú y asegurar la incorporación de la variable del cambio climático en la Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la ley marco de Cambio Climático. “Estamos trabajando en diagnósticos para ver cómo nosotros, desde las medidas de gestión que no son disponibles en el marco de nuestras funciones, podemos ir mejorando e implementando cada uno de los puntos y los compromisos del Acuerdo de Escazú”.
