Por Doctor Juan Eduardo Ortiz Académico investigador de la Escuela de Educación Parvularia Universidad de Las Américas
En los últimos 20 años los flujos migratorios han cambiado tanto como nuestro abordaje a los desafíos que presenta esta realidad para los niños. Ello hace necesario repensar las políticas migratorias con perspectiva de infancia, asegurando el interés superior del menor y la protección de sus derechos.
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), durante la pandemia ingresaron por pasos no habilitados a la Región de Tarapacá, 2.002 niños y adolescentes venezolanos, cuyas necesidades socioeducativas pasaron a segundo plano frente a otros asuntos de la emergencia.
La mayoría de ellos pertenecen a la primera infancia, momento vital en el proceso formativo. Por tanto, se requiere de un abordaje desde la educación inicial que propenda a estimular experiencias de aprendizaje atingentes al contexto de albergue. Se suma otro inconveniente, la dificultad para realizar un seguimiento de sus trayectorias educativas, lo que hace surgir la necesidad de reevaluar las medidas inclusivas de los centros escolares para responder a las necesidades de los estudiantes migrantes afectados por discursos racistas y xenófobos.
Es necesario escucharlos para conocer sobre sus necesidades, intereses y motivaciones educativas que les permitan insertarse exitosamente en las escuelas chilenas. La infancia migrante no puede ser abordada como un objeto de política migratoria en sí misma, sino como sujetos que merecen una atención y protección especial.
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