Por: Andrés Amigo, co-director académico Diplomados de Logística de la U. de Santiago de Chile y gerente general de MegaArchivos, empresa con más de 5% de colaborares con capacidades diferentes.
A casi tres años que entrara en vigor la llamada Ley de Inclusión Laboral, aún queda mucho por hacer como sociedad. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en Chile el 12,9% de la población tiene algún grado de discapacidad.
Aunque existe una gran brecha entre el casi 13% con personas con discapacidad en el país y el 1% que exige la Ley, es un primer paso que cumple con el objetivo de incentivar la inclusión en el mundo laboral e integrarlos de mejor forma a la comunidad además de relacionarse y conocer a las personas con capacidades diferentes.
Aunque no se debiera forzar a las empresas a tomar decisiones a través de leyes, se vuelve una necesidad cuando se reflejan en ellas sesgos retrógrados que tiene la sociedad. Pese a las recientes normas, las cifras de cumplimiento de las empresas dadas a conocer por la Dirección del Trabajo publicadas a fines del año 2020, mostraron que solo el 24% de ellas estaban acatando la ley.
La norma 21.015, que tenía como meta generar 25 mil nuevos empleos para este segmento del mercado laboral, según cifras de la Dirección del Trabajo sólo ha alcanzado 9.157 nuevas contrataciones. No obstante, mientras muchos alertan sobre la pérdida de empleos de personas con discapacidad en la pandemia, existen empresas que han tomado la oportunidad -incluso previo a la tramitación de esta ley- creando culturas organizacionales que valoran el talento diverso y generando un efecto integrador porque la única forma de trasmitir las creencias y valores es actuar en consecuencia. Incluso, cuando en una primera fase puede significar un costo extra implementar las condiciones laborales necesarias para la integración.
La inclusión seguirá siendo un desafío para la sociedad, pero también una oportunidad de conocernos y romper paradigmas en torno a las personas con capacidades diferentes.
