El proceso, que se realiza en un contexto de cambios normativos recientes, busca evaluar el avance en la inclusión de las personas con discapacidad al mercado laboral formal.
Durante este mes, las empresas con 100 o más personas trabajadoras en Chile deben presentar sus informes anuales de cumplimiento de las Leyes de Inclusión Laboral ante la Dirección del Trabajo. Este proceso, que se realiza cada año, busca evaluar el avance en la integración de personas con discapacidad al mercado laboral formal.
La Ley N°21.690, publicada en agosto de 2024, introdujo modificaciones significativas al marco legal existente, elevando el porcentaje mínimo de contratación de personas con discapacidad del 1% al 2%. Sin embargo, esta nueva cuota entrará en vigencia de manera gradual, una vez que un 80% de las organizaciones cumpla la cuota actual del 1%.
María José Madariaga, directora ejecutiva de Fundación Ronda, organización especializada en inclusión sociolaboral, destaca la importancia de este proceso. «Incorporar a personas con discapacidad en nuestras organizaciones no solo enriquece la cultura empresarial, sino que también potencia la innovación y la competitividad. La diversidad es una ventaja que nos prepara para enfrentar los desafíos de un mercado en constante cambio”, señaló.
La nueva normativa también establece la obligación de adaptar los procesos de reclutamiento, selección y condiciones laborales para facilitar la inclusión de personas con discapacidad. Además, se han incorporado sanciones más estrictas para las empresas que no cumplan con las obligaciones establecidas.
«En Fundación Ronda hemos percibido un creciente interés por parte de las empresas en avanzar hacia estrategias de inclusión más efectivas», señala Madariaga. «Sin embargo, persisten desafíos clave, como cerrar la brecha educativa y promover culturas organizacionales que integren la inclusión como un valor esencial. Nuestro rol es apoyar a las organizaciones en esta transformación y asegurar que sus esfuerzos generen un impacto concreto».
Es importante destacar que la ley contempla medidas alternativas para aquellas empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir directamente con la cuota de contratación. Estas opciones incluyen la realización de donaciones a programas de inclusión laboral o la contratación de servicios con empresas que empleen a personas con discapacidad.
El proceso de reporte que se extiende durante enero permitirá obtener una visión actualizada sobre el estado de la inclusión laboral en Chile y los avances logrados desde la implementación de la ley. Se espera que esta información sirva como base para futuras políticas y acciones que promuevan una sociedad más inclusiva y equitativa.
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