La efectividad del canal de denuncias ha sido estudiado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), el cual, en forma consistente durante los últimos años, ha demostrado que sigue siendo la fuente principal para detección de irregularidades, con el beneficio de ser una herramienta accesible y simple de implementar.
Según un estudio de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), más del 40% de los casos de fraude de los últimos años han sido detectados gracias a evidencias que quedan registradas en canales de denuncia, muy por sobre otros medios y herramientas como auditorías internas, fiscalizaciones de reguladores, revisiones independientes, entre otros.
Asimismo, de acuerdo a los indicadores de los delitos de fraude en Chile de la Policía de Investigaciones (PDI) , más de la mitad se realizan a través de canales digitales y es precisamente en este ecosistema tecnológico, en los que la industria debe robustecer sus herramientas de detección oportuna, tanto en el sector privado como público.
Para Gerardo Schudeck, CEO Latam de la startup tecnológica chilena Ceptinel, dedicada a la prevención de fraudes, delitos económicos, corrupción y lavado de activos, «los empleados, clientes y proveedores constituyen la mejor forma de defenderse de los comportamientos irregulares. Asimismo, la ley contra delitos económicos y el medioambiente (21595) establece diversas modificaciones que buscan prevenir la comisión de delitos económicos a través de imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas.
Esta normativa crea cuatro categorías de delitos para determinar si estos deben o no ser considerados económicos. La primera se refiere a delitos contra mercados de valores y bancos; la segunda se refiere a aquellos cometidos en el ejercicio y privilegios de un cargo, como los tributarios y contra el medio ambiente; la tercera se refiere a funcionarios públicos como es la malversación de caudales públicos y cohecho; y la cuarta categoría son los delitos de lavado de activos y receptación.
«Más de 400 son el número de potenciales delitos a los cuales quedan expuestos las personas naturales y jurídicas, lo que hace indispensable la necesidad de reformular los modelos de prevención del delito de las empresas y la revisión de los canales de denuncias», añade Schudeck. Y agrega que: «los canales de denuncias permiten a las personas denunciar cualquier ilícito que sea presenciado o del que sean víctimas, y de esta manera pueden aportar evidencia u otros antecedentes ante eventuales investigaciones».
La efectividad del canal de denuncias ha sido estudiado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), el cual, en forma consistente durante los últimos años, ha demostrado que sigue siendo la fuente principal para detección de irregularidades, con el beneficio de ser una herramienta accesible y simple de implementar. En este sentido, la tecnología debe cumplir con la misión de robustecer las características, funcionalidades y creación de valor de los canales de denuncia, y pese a que en Chile existe la infraestructura necesaria, sigue quedando atrás en la priorización de la inversión en I+D+i de las distintas industrias, así como del Estado.
Herramientas como el «portal ético» representan un canal seguro de denuncias automatizado y confidencial para colaboradores, proveedores y clientes, que permite denunciar de forma anónima delitos financieros, maniobras de cohecho, lavado de dinero, pago de sobreprecios; así como reportar casos de violencia, acoso, robos internos y mobbing (hostigamiento laboral), entre otros. Más allá del cumplimiento de normativas (compliance), este tipo de recursos permiten mejorar el clima de seguridad laboral y el monitoreo de aquellos cargos de mayor riesgo o responsabilidad.
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