Por Alejandra Tapia Soto, coordinadora de sustentabilidad de Construye2025, programa impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción.
La economía circular “da valor a las cosas por el mayor tiempo posible”, a diferencia de una desechable, donde los productos están diseñados para perder su utilidad rápidamente, con el fin de ser reemplazados por nuevos. Claramente, es la lógica de nuestro sistema lineal que ha operado en forma miope, pasándose por alto los costos que deben absorber otros, sin considerar principios como “el que contamina paga”, definición base de las políticas públicas de la Unión Europea, y a su vez subestimando miles de oportunidades.
Chile está en proceso de habilitar las condiciones necesarias para la economía circular. Un gran avance ha sido la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035, en la que se sientan las bases para avanzar en una gestión sustentable de los residuos de la construcción y demolición (RCD), y economía circular en construcción, con metas como: “El país cuenta al 2035 con infraestructura para la valorización, plantas y estaciones de transferencias de RCD en todas sus regiones”. Sin embargo, esta meta cuenta con barreras como la falta de definiciones en cuerpos legales y una baja coordinación pública en los permisos para proyectos, su construcción y operación.
En ese sentido, se han dado dos grandes pasos: la propuesta de «PROYECTO DE REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS DE ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN», y la instrucción que dio a fines de 2020 la Dirección General de Obras Públicas del MOP para incorporar planes de gestión de residuos en todas sus obras, considerando la norma NCh3562:2019, que entrega las directrices para su diseño y ejecución.
Volviendo a la consulta pública, esta se cerró el 10 de mayo, y puso a disposición de la observación de la sociedad civil un reglamento que se elaboró de acuerdo a las facultades que le entrega el Código Sanitario al Ministerio de Salud, en colaboración con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Comité Consultivo Público «RCD y Economía Circular en Construcción», conformado por los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, Corfo y Construye2025.
El reglamento define qué son los RCD, su manejo y las responsabilidades para todos los actores en la cadena, desde los mandantes, constructoras, transporte y gestores. Identifica a la autoridad sanitaria competente encargada de la autorización y fiscalización de las instalaciones de valorización y disposición final, que serían las Seremis de Salud. Asimismo, define los requisitos para las instalaciones antes mencionadas, en cuanto a su diseño, construcción y operación, donde es fundamental el control de los tipos de residuos que se gestionan, y contar con personas capacitadas.
Sin duda, estos son grandes pasos para que, tanto las empresas como instituciones que quieran sumarse a hacer gestión de residuos en obras de construcción cuenten con reglas del juego claras, lo que es indispensable para avanzar y dar valor a los residuos. De esta manera, es posible diversificar el mercado de la construcción y avanzar en el crecimiento económico del mismo y, por ende, del país. Y es que con el desarrollo de este subsector, se estima que solo la producción de áridos reciclados y gestión de RCD, podría generar ventas anuales por más de MM$14.000 y 2.000 empleos.
