Por Eduardo Hebel, Médico y rector de Universidad de La Frontera
Las 23.263 personas que han fallecido al 31 de agosto de 2023 esperando una atención médica de especialidad, según revelaron las últimas cifras de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, son un reflejo de una situación que nos afecta como país, pero muy especialmente a las regiones de Chile.
Para muestra un botón: solo en la región Metropolitana hay 22.740 del total de estos profesionales (2,71 especialistas por cada mil habitantes), lo que contrasta con regiones como Tarapacá, Magallanes y Aysén, que cuentan con menos de 200 médicos especialistas para toda su población. De hecho, la Región de Tarapacá tiene menos de 0,41 especialistas por cada mil habitantes. Y en el caso de La Araucanía los especialistas llegan a 1.533. Es decir un algo más de uno por cada mil ciudadanos.
Además, es posible constatar una tremenda falta de equidad en este tema, tan sensible para la población. Más que mal, contar con un especialista médica puede marcar la diferencia entre vivir y morir.
Si a la región Metropolitana se suma Valparaíso y Bío Bío, solo estas tres regiones concentran casi el 70% de estos profesionales. Las otras 13 regiones del país deben conformarse con el 30% restante. Esto implica que en zonas como la Región de Aysén solo exista un cardiólogo para todos sus habitantes y lo mismo sucede en la Región de Arica y Parinacota con la geriatría. Y esto se repite en ocho regiones, entre ellas Atacama, Coquimbo y Los Ríos, donde existen siete o más especialidades con un solo médico.
Pero más allá de los porcentajes, estos datos dan cuenta de una dura realidad que deben enfrentar muchos chilenos al momento de buscar la atención de un especialista. Esperar por meses o, si el presupuesto alcanza, desplazarse a otras ciudades del país para lograr la necesaria consulta médica y, en muchos casos, salvar sus vidas.
Como país esta realidad no nos puede paralizar. Debemos ser capaces de lograr una mayor equidad en la distribución de especialistas a lo largo del país, potenciando así la descentralización de capital humano avanzando y mejorando la atención de salud para millones de chilenos, que lo necesitan de forma urgente.
Sabemos que esta no es una tarea sencilla y que el tiempo nos exige actuar pronto, más aún considerando que –de acuerdo a datos del Ministerio de Salud- en septiembre eran más de 2.300.000 pacientes en Chile que estaban en la lista de espera por una atención de un especialista.
Por ello, hacemos un llamado a buscar mecanismos que promuevan una mayor distribución de estos profesionales a lo largo del país, pero también a seguir potenciando la formación de especialistas en las universidades y así poder hacer frente a esta situación.
Las universidades públicas y regionales estamos conscientes que tenemos un rol en contribuir a mejorar nuestra sociedad, sobre todo en ámbitos tan críticos como la salud.
En nuestro caso, como universidad pública y regional, llevamos 30 años formando especialistas médicos en La Araucanía y somos la única institución educativa de la región que acreditada para hacerlo.
Tenemos 24 programas de especialidad, sólo en los últimos diez titulamos 430 especialistas y estamos abriendo especialidades pioneras y que son requeridas también a nivel nacional.
Pero esto no es suficiente. Todavía tenemos desafíos pendientes en materia formativa tanto a nivel regional como nacional.
Es clave dotar de más recursos financieros y humanos a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), quien tuvo que sumar a su ardua labor, la acreditación de especialidades tras un cambio en el sistema, en 2019, que significó excluir de este proceso de la Agencia de acreditación de Programas y Centros formadores de especialistas médicos (APICE) -quien estaba a cargo y agrupaba a la Academia Chilena de Medicina del Instituto de Chile, el Colegio Médico de Chile A.G. y la Asociación de Sociedades Científicas de la Medicina nacional (ASOCIMED).
Sumado a esto, se deben abrir más campos clínicos en la red pública priorizando las instituciones educacionales que tienen especialidades médicas. Así, es indispensable que existan sólidos convenios asistenciales docentes entre las unidades formadoras y el servicio de salud correspondiente. Lo anterior, permite asegurar a las universidades que contarán con esos campos clínicos para formar más y mejores especialistas. No obstante, las discusiones sobre las nuevas regulaciones en este ámbito siguen sin avance en el Congreso.
A esto se debe agregar la necesidad de encontrar fórmulas que permitan movilizar a los especialistas a las regiones de Chile.
No hay tiempo que perder. Los desafíos en materia de formación de especialistas requiere de un compromiso urgente para que esta vez Santiago no sea Chile y exista equidad en beneficio de todos los chilenos.
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