Natalia Salinas Oñate, Doctora en Psicología del Departamento de Psicología Universidad de La Frontera e Investigadora Joven Instituto MIDAP
La salud mental en Chile se ha tomado la agenda desde el año 2019, pero es tan grande el problema que enfrentamos como país, que parece ser una carrera en la que corremos con desventaja.
La Organización Mundial de la Salud establece que, por cada dólar invertido en salud mental, se recuperan cuatro en bienestar y capacidad de trabajo. En el caso de Chile, la inversión ha sido históricamente inferior al mínimo establecido a nivel mundial. Por lo tanto, es evidente que este es el punto de partida y no la meta.
Uno gran barrera en el camino, es que se ha evidenciado que, incluso teniendo acceso a tratamientos, las personas que padecen problemas en salud mental no los utilizan porque cargan con la llamada “segunda enfermedad” o estigma en salud mental, caracterizada por la discriminación, el prejuicio y la exclusión de la que son víctimas solo por presentar problemas de salud mental o buscar ayuda, lo que obstaculiza su acceso a servicios de salud, su inserción social e incluso aumenta el riesgo de cometer un suicidio.
Para llegar a tiempo, es estratégico comenzar en la infancia, ya que es una etapa crucial en la que aprendemos a vincularnos con otras personas, gestionar nuestras emociones, establecer y respetar límites, entre otros. Además, las experiencias traumáticas que se viven en esta etapa y su abordaje, son claves en nuestra salud mental durante el resto de la vida.
En Chile, un alarmante 71% de los niños, niñas y adolescentes experimentan algún tipo de violencia por parte de sus cuidadores, por tanto intervenir tempranamente no es sólo beneficioso sino urgente. Es imperativo considerar la salud mental de las y los cuidadores, quienes también necesitan vivir en condiciones de bienestar y en entornos favorables al desarrollo, para poder brindar un ambiente saludable y seguro a quienes están a su cargo.
Por tanto, esta carrera no puede correrse en solitario, se necesita la colaboración de distintos sectores. La inversión no sólo debe recaer en el tratamiento de problemas de salud mental y el desafío constante de desestigmatizarlos, sino en promover el bienestar de las personas y sus comunidades a lo largo de todo el ciclo vital.
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