Por Renato Cabrera, Decano (i) Facultad Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Hay que asumir que en Chile la planificación de la educación en distintos niveles, no incluye en general miradas prospectivas respecto a oportunidades para generar bienestar económico y social.
No cabe duda que en el futuro nuestra sociedad enfrentará grandes desafíos a los que deberá adaptarse, presionando a instituciones y empresas, públicas y privadas, a responder frente a demandas que en muchos casos serán contrapuestas. Más alimentación con menos afectación de tierras, más transporte con menos emisiones ambientales, más productos económicos pero con materiales reciclables y biodegradables. Para lograrlo se requerirá conocimiento, capacidades e infraestructura actualmente no disponibles, que obligan a repensar con urgencia la formación de futuros profesionales que deberán tomar decisiones importantes en sus respectivos campos laborales.
No se trata únicamente de formación en áreas tecnológicas asociadas a ciencia e ingeniería, sino que también la dimensión psicológica y sociológica, o la comercial y económica. La forma y modo de consumo de bienes, los incentivos a la oferta para lograr producción más limpia o las regulaciones para general mínimos o límites a lo posible, implica establecer y definir propósitos de acuerdo a las funciones profesionales que permitirán alcanzar un crecimiento sostenible y responsable.
Un ejemplo permitirá comprender lo indicado, el 2021 se promulga la ley 21.368 conocida como LEY REP y que busca regular la entrega de “plásticos de un solo uso” y su efecto se deberá notar en un corto plazo cuando en agosto del 2024 se deje de comercializar o entregar plástico que no pueda ser reutilizado. Un gran objetivo, sin embargo hay mucho por hacer considerando por ejemplo, que durante el peak de confinamiento producto de la pandémica, aumentó el consumo de botellas plásticas no retornables llegando en algunos supermercados a tener volúmenes superiores a 85% sin cumplir con lo exigido por la norma. Según la misma ley en el artículo 15 se establece la obligación del Ministerio del Medio Ambiente deberá promover e implementar programas de educación dirigidos a la ciudadanía.
Cumplir con la meta implica muchos ajustes para los que distintos actores públicos y privados puedan reaccionar. Pese a los esfuerzos aislados y colectivos, no se ha logrado impactar todavía en la oferta y la demanda como se necesita, considerando el plazo para que el impacto económico de la medida no afecte la competitividad de ciertos sectores y para preparar al consumidor a exigir productos que cumplan con la ley.
Chile requiere urgentemente incorporar la educación ambiental en escuelas y colegios como también en la educación superior, los cuales deben incluirlo en los procesos formativos en las especialidades que lo requieran. Pero no se trata de lograr aprendizaje a través de la divulgación del tema con el propósito solamente de sensibilizar a las nuevas generaciones, es imperativo utilizar metodologías que permitan adquirir hábitos, desarrollar capacidades y conseguir habilidades para tomar decisiones en cualquier espacio profesional que se logre alcanzar. El resultado se verá en 10 a 20 años, algo no muy popular para el estilo de política de estado actual, pero permitirá garantizar vivir en un país competitivo que genere bienestar económico con un respeto ambiental y social hoy anhelado pero mañana obligado.
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